martes, 2 de julio de 2013

Con retención de sueldos reprimía la IV República a trabajadores universitarios


El Nacional, 24 de marzo de 1988. Cortesía Alba Ciudad
Caracas, 02 Jul. AVN.- La comunidad universitaria que salía a las calles para exigir reivindicaciones salariales en la cuarta República no tenía tan fáciles, menos democráticas, las garantías de una protesta que no deviniera en represalias por parte de los gobiernos de la época.
En 1988 los profesores universitarios exigían un aumento de 25% y se mantuvieron en paro durante cuatro meses. En respuesta a su legítima solicitud, el gobierno del presidente Jaime Lusinchi resolvió, el 23 de marzo de ese año, retener los sueldos de todos los profesores y empleados que no se encontraran desempeñando sus labores; recuerda con archivos hemerográficos el portal de la radio Alba Ciudad 96.3 FM.
Con la medida, tomada por el entonces ministro de Educación, Pedro Cabello Poleo, se ordenó a las contralorías internas de cada universidad levantar actas al personal docente, de investigación y empleados que no estuviesen trabajando con el fin de suspenderles el pago, de acuerdo a lo reseñado por el periódico El Nacional, en su edición del día 24 de marzo de 1988.
La decisión fue rechazada ipso facto por los dirigentes gremiales de los sectores involucrados, quienes la catalogaron de ilegal, pues argumentaron que los Consejos Universitarios eran los únicos autorizados para retener el pago del personal universitario.
Cabello Poleo ofreció un aumento de apenas 5% que no fue aceptado por los docentes universitarios, quienes iniciaron huelgas de hambre y tomas de embajadas en protesta, resultando de todo ello la decisión del gobierno de Lusinchi de retener el pago del salario como castigo
Para ampliar la rememoración de aquellos días, Alba Ciudad publicó un extracto de un artículo de la página web de la Universidad del Zulia en la que se recuerda que "ante la presión, el Gobierno accedió a sentarse con el sector universitario, y aunque no reconoció el planteamiento original (con base a una inflación del 25%), aceptó aprobar un 15% de aumento: 5% en 1988, con retroactivo desde el 1 de enero; y 10% a partir del 1 de enero de 1989".
Además de ello, fueron reintegrados los sueldos que se dejaron de pagar, se enviaron los recursos para los estudiantes por el orden de Bs.1.500 millones y se aprobó la prima de Asistencia Médica por Bs. 500 y de Asistencia Académica por Bs. 1000 (ambas retroactivas desde el 1 enero de 1988). Además, se incluyó el pago de un bono compensatorio de un mes de sueldo para el sector.
Esas decisiones marcaron el fin de la huelga el 7 de mayo de ese año, cuando se autorizó pagarle de nuevo a los profesores sus sueldos retenidos.
De la represión cuartorrepublicana al diálogo revolucionario
De esas épocas no propensas al diálogo, que imperó en el pasado venezolano, a la coyuntura actual de la comunidad universitaria resaltan diferencias notorias.
En las últimas semanas, el gobierno del presidente Nicolás Maduro participó intensamente en las mesas de negociación con el sector universitario, que culminaron con la firma de la convención colectiva única del sector, y ha hecho un llamado pacífico a retomar las actividades universitarias en el país, tras el paro indefinido promovido por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv). La retención de sueldos es periódico de ayer.
El aumento integral promedio para los docentes universitarios fue acordado entre 112% y 135%. Los obreros recibirán un aumento de entre 124% y 150%; y finalmente, los trabajadores administrativos verán incrementado su salario integral entre 105% y 147%. Dicho aumento se pagará en tres partes.
Como parte de las medidas para honrar a los trabajadores universitarios, la Asamblea Nacional (AN) aprobó a mediados de junio 1.500 millones de bolívares para solventar el pago de la primera parte del aumento salarial (25%) destinado al personal docente, administrativo y obrero.
El proceso para la discusión de una nueva convención colectiva se hizo apegada a la Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), la Constitución y siempre garantizando todos los derechos del sector universitario.
En esa misma convención colectiva se mantienen como principios rectores de la universidad venezolana la "calidad e innovación, el ejercicio del pensamiento crítico y reflexivo, la inclusión y pertinencia (...) la autonomía, la libertad, la solidaridad y la universalidad", valores que contradicen la pretendida instauración de un pensamiento único.
Igualmente, el Ejecutivo Nacional aprobó en junio 321 millones de bolívares, destinados al aumento de las becas de los universitarios del siguiente modo: becarios simples (de 400 Bs. pasarán a devengar 600 Bs.), becarios en la modalidad beca trabajo (de 400 Bs. recibirán ahora 800 Bs.) y preparadores (cobrarán 1.000 Bs.).
En lo que se refiere a las providencias estudiantiles, en el último Consejo Nacional de Universidades (CNU), celebrado el pasado 28 de mayo, el ministro Calzadilla anunció la aprobación de 883 millones 28 mil 437 bolívares para fortalecer – vía créditos excepcionales – las providencias estudiantiles (comedor, servicio médico, rutas de transporte estudiantil, bibliotecas) en las universidades autónomas y nacionales que presentaron un saldo deficitario en su presupuesto ley.
Reivindicar a los olvidados del puntofijismo
Además de los acuerdos alcanzados en beneficio de la comunidad universitaria, el gobierno del presidente Chávez, y ahora el de Nicolás Maduro, reconoció la deuda histórica que sostenía el Estado venezolano con los trabajadores universitarios desde la década del 70, y que había sido considerada como "impagable".
En marzo de 2012 el presidente Hugo Chávez anunció la creación del Sistema Petrorinoco, mecanismo para cancelar los pasivos laborales de los empleados públicos.
Los Petrorinoco, que abarcan los bonos y el fideicomiso, se nutren de 3,33% de los ingresos generados por la extracción y venta de crudo de la Faja Petrolífera del Orinoco y de la responsabilidad social de las empresas mixtas que allí laboran. Esto suma unos 500 millones de bolívares mensuales.
Mensualmente, en los portales web www.mppeu.gob.ve y www.opsu.gob.ve, aparecen los listados de los pensionados que deben acudir a una jornada de atención e información que se realiza en todos los estados del país para obtener el pago de sus prestaciones sociales.
AVN 02/07/2013 15:05

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