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Caracas, 04 Nov. AVN.- Luego del fallido
golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez, en abril de 2002, la
oposición venezolana trazó una estrategia potable ante la opinión
pública y la comunidad internacional para derrocar al Gobierno
Bolivariano: La "salida electoral", que pretendía utilizar mecanismos
legales, como la figura constitucional del referendo consultivo, para
una salida ilegal.
El Referendo Consultivo es una de las formas de participación popular establecidas en la Constitución de la República (artículo 71) que permite consultar cuestiones especiales al pueblo para ser aprobadas por la mayoría simple. Es posible activarlo de varias formas, una de ellas es a solicitud del 10% de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral.
Con base en esto, la derecha, agrupada en ese entonces en la Coordinadora Democrática, inició un proceso de recolección de firmas para la solicitud de un referendo consultivo, rúbricas que entregó al CNE el 4 de noviembre de 2002, y con la cual proponían consultar al electorado de esta manera: "¿Está usted de acuerdo con solicitar al presidente de la República, ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, que de manera inmediata renuncie voluntariamente a su cargo?'.
La pregunta, de carácter revocatorio, y no consultivo, generó diversas interpretaciones legales, zanjadas por el máximo tribunal del país, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien determinó que el referendo consultivo no era vinculante , por tanto, no obligaba a la renuncia.
Alexis Ramírez, abogado de la República, escribió el 6 de noviembre de 2002, un artículo publicado en la web Aporrea.org, llamado "La Tracalería (trampa) del referendo consultivo de la oposición", en el cual desglosa tres aspectos.
Uno de ellos es la cantidad de firmas. Explica que la verdadera intención de la oposición era sacar al Presidente Chávez, sin embargo, en lugar de activar un legal referendo revocatorio, optaron por el consultivo que requiere sólo 10% del Registro Electoral, mientras que el revocatorio exige 20%.
En este sentido, indica que el revocatorio demanda esperar hasta la mitad del mandato del funcionario a revocar -en este caso, el del Presidente Chávez era en agosto de 2003- y, además, se hace efectivo sólo si se supera la votación con la cual el funcionario fue electo.
Sin firmas, sin tiempo y sin votos suficientes, la oposición se trazó un camino más sencillo: El Referendo Consultivo, que se activa con 10% de las firmas del Registro Electoral, lo aprueba la mayoría simple, y no requiere esperar a que se cumpla la mitad de ningún mandato.
"Golpecito legal"
A pesar de ello, el CNE decidió que el mecanismo opositor, tanto como la pregunta formulada, eran "procedentes" y dio inicio al proceso de verificación cuantitativa de las firmas.
El vicepresidente del Gobierno en 2002, José Vicente Rangel, ironizó diciendo que se trataba de un "golpecito legal" puesto que el CNE aprobó el Consultivo con el voto favorable de tres de sus cinco miembros, ante la abstención de uno y la ausencia voluntaria de otro, lo cual fue denunciado ante el TSJ.
Las firmas "no válidas"
A la "trampa" legal que menciona el abogado Ramírez, se suma el hecho de que las firmas recolectadas por la organización Súmate y el partido Primero Justicia no eran válidas. Se recabaron sin un formato legal y sin la comparación adecuada con el Registro Electoral.
Al momento de la entrega, el día 4 de noviembre, los medios narraron en tono épico la marcha encabezada por los dirigentes Leopoldo López y Henrique Capriles, de Primero Justicia, hasta el CNE. Anunciaron la llegada de 2 millones 200 mil firmas, cuando las requeridas al momento era 1 millón 200 mil.
Sin embargo, días más tarde y antes de que el CNE comenzara el proceso de revisión cualitativa, Súmate declaró que había rúbricas inválidas. Según el diario El Universal, 483.184 firmas daban error, de las cuales 288.122 pertenecían a personas no inscritas en el Registro Electoral, 104.011 no coincidían con el padrón de votantes y el resto, 91.041, eran firmas repetidas.
Earle Herrera, periodista y actual diputado, escribió en noviembre de ese año un artículo en el que criticó el hecho de que la institución que recabó las firmas y pretendió con ello convertir un referendo consultivo en un revocatorio, dijera ahora que eran "chimbas".
"Un CNE serio no perdería el tiempo en revisar lo que ya los mismos recolectores (si es que recogieron) aceptan que tiene la cuarta parte desechable. Si se salta todo esto a la torera, el organismo comicial estaría convocando a un acto inconstitucional mediante firmas fraudulentas", escribió en un artículo publicado en El Nacional el 26 de noviembre.
Aun así, el CNE anunció que el referendo se realizaría el 2 de febrero del 2003, dando paso a una batalla legal y mediática que decantó en la resolución del TSJ: El Referendo Consultivo era improcedente y ordenó al CNE "abstenerse de iniciar la organización de procesos electorales, referendarios, u otros mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos, así como suspender los ya iniciados de ser el caso".
La otra salida
Como otras veces, la estrategia de "salida electoral" puesta sobre la mesa era acompañada de otros hechos ideados por diversos grupos de la oposición, con el objetivo, por la vía que fuese, de derrocar al Presidente Chávez.
El 22 de octubre, mientras Súmate "sistematizaba" las firmas para el Consultivo, 14 militares tomaron la Plaza Altamira, en el este de Caracas, en una supuesta "insurrección militar".
La plaza se convirtió en el centro de las protestas y se declaró "territorio liberado" del chavismo, a apenas seis meses del golpe de Estado asestado en abril de 2002.
Múltiples escenarios se sucedían, mientras, en paralelo, se instalaba la Mesa de Negociación y Acuerdo dirigida por el entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria.
El clima de protestas se atizó el día 6 de diciembre de 2002, cuando apareció en Plaza Altamira, João de Gouveia, un paciente psiquiátrico que asesinó a tres personas e hirió a otras 28.
Ese mismo día, la empresa Intesa, creada por la nómina mayor de Petróleos de Venezuela y vinculada a la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés), realizaba la agresión informática contra el cerebro operativo de la estatal petrolera, punto de partida del sabotaje petrolero que sería derrotado por el pueblo dos meses después y que dejó 20.000 millones de dólares en pérdidas.
El Referendo Consultivo es una de las formas de participación popular establecidas en la Constitución de la República (artículo 71) que permite consultar cuestiones especiales al pueblo para ser aprobadas por la mayoría simple. Es posible activarlo de varias formas, una de ellas es a solicitud del 10% de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral.
Con base en esto, la derecha, agrupada en ese entonces en la Coordinadora Democrática, inició un proceso de recolección de firmas para la solicitud de un referendo consultivo, rúbricas que entregó al CNE el 4 de noviembre de 2002, y con la cual proponían consultar al electorado de esta manera: "¿Está usted de acuerdo con solicitar al presidente de la República, ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, que de manera inmediata renuncie voluntariamente a su cargo?'.
La pregunta, de carácter revocatorio, y no consultivo, generó diversas interpretaciones legales, zanjadas por el máximo tribunal del país, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien determinó que el referendo consultivo no era vinculante , por tanto, no obligaba a la renuncia.
Alexis Ramírez, abogado de la República, escribió el 6 de noviembre de 2002, un artículo publicado en la web Aporrea.org, llamado "La Tracalería (trampa) del referendo consultivo de la oposición", en el cual desglosa tres aspectos.
Uno de ellos es la cantidad de firmas. Explica que la verdadera intención de la oposición era sacar al Presidente Chávez, sin embargo, en lugar de activar un legal referendo revocatorio, optaron por el consultivo que requiere sólo 10% del Registro Electoral, mientras que el revocatorio exige 20%.
En este sentido, indica que el revocatorio demanda esperar hasta la mitad del mandato del funcionario a revocar -en este caso, el del Presidente Chávez era en agosto de 2003- y, además, se hace efectivo sólo si se supera la votación con la cual el funcionario fue electo.
Sin firmas, sin tiempo y sin votos suficientes, la oposición se trazó un camino más sencillo: El Referendo Consultivo, que se activa con 10% de las firmas del Registro Electoral, lo aprueba la mayoría simple, y no requiere esperar a que se cumpla la mitad de ningún mandato.
"Golpecito legal"
A pesar de ello, el CNE decidió que el mecanismo opositor, tanto como la pregunta formulada, eran "procedentes" y dio inicio al proceso de verificación cuantitativa de las firmas.
El vicepresidente del Gobierno en 2002, José Vicente Rangel, ironizó diciendo que se trataba de un "golpecito legal" puesto que el CNE aprobó el Consultivo con el voto favorable de tres de sus cinco miembros, ante la abstención de uno y la ausencia voluntaria de otro, lo cual fue denunciado ante el TSJ.
Las firmas "no válidas"
A la "trampa" legal que menciona el abogado Ramírez, se suma el hecho de que las firmas recolectadas por la organización Súmate y el partido Primero Justicia no eran válidas. Se recabaron sin un formato legal y sin la comparación adecuada con el Registro Electoral.
Al momento de la entrega, el día 4 de noviembre, los medios narraron en tono épico la marcha encabezada por los dirigentes Leopoldo López y Henrique Capriles, de Primero Justicia, hasta el CNE. Anunciaron la llegada de 2 millones 200 mil firmas, cuando las requeridas al momento era 1 millón 200 mil.
Sin embargo, días más tarde y antes de que el CNE comenzara el proceso de revisión cualitativa, Súmate declaró que había rúbricas inválidas. Según el diario El Universal, 483.184 firmas daban error, de las cuales 288.122 pertenecían a personas no inscritas en el Registro Electoral, 104.011 no coincidían con el padrón de votantes y el resto, 91.041, eran firmas repetidas.
Earle Herrera, periodista y actual diputado, escribió en noviembre de ese año un artículo en el que criticó el hecho de que la institución que recabó las firmas y pretendió con ello convertir un referendo consultivo en un revocatorio, dijera ahora que eran "chimbas".
"Un CNE serio no perdería el tiempo en revisar lo que ya los mismos recolectores (si es que recogieron) aceptan que tiene la cuarta parte desechable. Si se salta todo esto a la torera, el organismo comicial estaría convocando a un acto inconstitucional mediante firmas fraudulentas", escribió en un artículo publicado en El Nacional el 26 de noviembre.
Aun así, el CNE anunció que el referendo se realizaría el 2 de febrero del 2003, dando paso a una batalla legal y mediática que decantó en la resolución del TSJ: El Referendo Consultivo era improcedente y ordenó al CNE "abstenerse de iniciar la organización de procesos electorales, referendarios, u otros mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos, así como suspender los ya iniciados de ser el caso".
La otra salida
Como otras veces, la estrategia de "salida electoral" puesta sobre la mesa era acompañada de otros hechos ideados por diversos grupos de la oposición, con el objetivo, por la vía que fuese, de derrocar al Presidente Chávez.
El 22 de octubre, mientras Súmate "sistematizaba" las firmas para el Consultivo, 14 militares tomaron la Plaza Altamira, en el este de Caracas, en una supuesta "insurrección militar".
La plaza se convirtió en el centro de las protestas y se declaró "territorio liberado" del chavismo, a apenas seis meses del golpe de Estado asestado en abril de 2002.
Múltiples escenarios se sucedían, mientras, en paralelo, se instalaba la Mesa de Negociación y Acuerdo dirigida por el entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria.
El clima de protestas se atizó el día 6 de diciembre de 2002, cuando apareció en Plaza Altamira, João de Gouveia, un paciente psiquiátrico que asesinó a tres personas e hirió a otras 28.
Ese mismo día, la empresa Intesa, creada por la nómina mayor de Petróleos de Venezuela y vinculada a la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés), realizaba la agresión informática contra el cerebro operativo de la estatal petrolera, punto de partida del sabotaje petrolero que sería derrotado por el pueblo dos meses después y que dejó 20.000 millones de dólares en pérdidas.
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